La caja política del caso Calisto: asesorías, fundaciones y recursos bajo investigación

La declaración de Roland Cárcamo, excolaborador del senador Miguel Ángel Calisto, abrió una nueva dimensión en la investigación por presunto fraude al Fisco. Su testimonio describe un mecanismo de recaudación política mediante asesorías ficticias, uso de fundaciones, proyectos sociales no ejecutados completamente y eventuales presiones en el Poder Judicial. La defensa del parlamentario niega las acusaciones y sostiene que los dichos buscan beneficios judiciales, pero la Fiscalía ha seguido incorporando estos antecedentes a la investigación.

La investigación contra el senador Miguel Ángel Calisto sumó nuevos antecedentes que profundizan el alcance político del caso. De acuerdo con una publicación de La Tercera, Roland Cárcamo, excolaborador cercano del parlamentario e imputado en la misma causa, entregó una extensa declaración ante el Ministerio Público en la que detalló un presunto mecanismo de recaudación de recursos para beneficiar personal y políticamente al entonces diputado y hoy senador independiente.

El testimonio fue prestado el 23 de junio en Osorno y, según el medio, apunta a una red que habría funcionado mediante asesorías parlamentarias falsas, uso de terceros como “palos blancos”, creación de una fundación para obtener fondos y ejecución irregular de proyectos financiados con recursos provenientes de entidades internacionales. Cárcamo también relató eventuales hechos que podrían abrir nuevas aristas, como cohecho y tráfico de influencias.

Una causa que ya venía avanzando

El caso no parte con esta declaración. La Fiscalía Regional de Aysén ya había formalizado una investigación por presunto fraude al Fisco vinculada a la contratación de Carla Graf Toledo, esposa de Cárcamo, como asesora parlamentaria de Calisto entre 2018 y 2022. Según el Ministerio Público, Graf habría recibido pagos del Congreso sin realizar efectivamente las labores para las que fue contratada.

De acuerdo con la Fiscalía, Calisto, Cárcamo y Graf se habrían concertado para obtener recursos públicos de manera fraudulenta, generando un perjuicio estimado inicialmente en más de $103 millones. Los dineros pagados a Graf, según la tesis investigativa, habrían sido destinados en parte a beneficio personal de Cárcamo, del parlamentario y de terceros vinculados políticamente.

El Ministerio Público presentó acusación contra Calisto y otras siete personas por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones. Además, solicitó nuevamente el desafuero del senador para llevar la causa a juicio oral, pidiendo una pena de 12 años de presidio para el parlamentario.

La figura de la “caja pagadora”

Uno de los puntos centrales de la declaración de Cárcamo es la existencia de una supuesta “caja pagadora” destinada a financiar gastos políticos y personales del parlamentario. Según relató, la contratación de Carla Graf habría operado como una pantalla para obtener recursos del Congreso, mientras los informes y obligaciones asociadas a la asesoría no habrían sido realizados por ella.

La gravedad política de esta acusación no está solo en el eventual delito, sino en el modo en que describe una práctica de financiamiento informal: recursos públicos que, de acuerdo con el testimonio, habrían terminado sosteniendo gastos de oficina, actividades territoriales, ayudas sociales, insumos, traslados y otros fines asociados a la construcción de apoyo electoral. En otras palabras, la investigación vuelve a poner sobre la mesa una vieja herida de la política chilena: el uso de recursos institucionales para alimentar redes clientelares.

Desde una mirada democrática, el problema no es únicamente judicial. Si la tesis de la Fiscalía se confirma, estaríamos frente a una forma de apropiación de fondos públicos donde la representación parlamentaria deja de estar al servicio de la ciudadanía y pasa a operar como una maquinaria de reproducción personal del poder.

Fundación Proyecto Futuro y fondos de Taiwán e Israel

La declaración también apunta a la Fundación Proyecto Futuro, entidad que, según Cárcamo, habría sido creada para obtener recursos destinados al senador. La Tercera consigna que el imputado vinculó a esa fundación con fondos provenientes de Taiwán e Israel, destinados originalmente a proyectos sociales.

En el caso de Taiwán, ADN Radio informó que la Fiscalía indaga el destino de US$20.456 recibidos en 2019 para un proyecto social dirigido a adultos mayores en Aysén, recursos que habrían sido canalizados mediante la fundación. La defensa de Calisto sostuvo que se trató de una donación para comprar calefactores a gas y que la rendición fue validada por la embajada, descartando irregularidades.

Respecto de Israel, la declaración recogida por La Tercera señala que se habrían recibido cerca de $10 millones para un proyecto de conectividad digital. Según Cárcamo, parte de esos fondos se habría utilizado para adquirir tablets entregadas a adultos mayores, mientras que otra parte habría terminado en gastos personales del parlamentario. Estos antecedentes forman parte de las afirmaciones del imputado y deberán ser acreditados por la investigación.

Las defensas y la disputa por la credibilidad

La defensa de Calisto ha cuestionado la declaración de Cárcamo, señalando que el imputado la entregó en un contexto en que buscaba llegar a un acuerdo con el Ministerio Público para obtener rebaja de penas y dejar la prisión preventiva. De acuerdo con La Tercera, pese a ese cuestionamiento, la Fiscalía ha ido otorgando credibilidad a parte de su testimonio y ha utilizado sus dichos para abrir nuevas líneas investigativas.

BioBioChile también consignó que el abogado del senador niega los hechos y sostiene que Calisto es inocente de los cargos formulados en su contra. La defensa ha insistido en que Graf sí prestó servicios de apoyo parlamentario y ha rechazado las acusaciones de pagos irregulares o sobornos.

Ese punto es clave: hasta ahora, las acusaciones deberán ser probadas ante la justicia. Sin embargo, el volumen de antecedentes, la solicitud de desafuero, la acusación del Ministerio Público y la existencia de nuevas aristas muestran que el caso ya dejó de ser un conflicto administrativo o una disputa entre excolaboradores. Se trata de una investigación que toca directamente la probidad del Congreso y la confianza pública en sus representantes.

Una crisis de probidad que golpea al sistema político

El caso Calisto vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿cuántas formas de financiamiento informal y uso discrecional de recursos públicos siguen funcionando bajo apariencia legal en la política chilena?

Las asesorías parlamentarias, las fundaciones, los proyectos sociales y las redes territoriales son espacios que pueden cumplir un rol legítimo. Pero cuando se usan como mecanismos para levantar cajas políticas, pagar favores o construir clientelas, el daño no lo recibe solo el Estado: lo reciben las comunidades que debían ser beneficiadas por esos recursos.

En territorios como Aysén, donde las necesidades sociales son concretas y muchas veces urgentes, la eventual utilización de proyectos para adultos mayores o conectividad digital con fines personales o electorales resulta especialmente grave. No se trata solo de dinero. Se trata de confianza, representación y abuso de poder.

La política no puede seguir tratándose como un circuito cerrado donde los recursos públicos circulan entre operadores, asesores, fundaciones y campañas. Cada peso que se desvía de su objetivo original es una forma de quitarle dignidad a quienes debían recibir apoyo, acompañamiento o soluciones reales.

Lo que está en juego

La investigación deberá determinar responsabilidades penales, verificar los dichos de los imputados y establecer si existieron delitos como fraude al Fisco, fraude de subvenciones, cohecho o tráfico de influencias. Pero en el plano político, el caso ya deja una señal profunda: la probidad no puede depender solo de declaraciones de buenas intenciones ni de controles formales que llegan tarde.

Si las instituciones permiten que las asesorías parlamentarias funcionen como cajas opacas, que las fundaciones operen sin suficiente fiscalización y que los proyectos sociales sean instrumentalizados electoralmente, el resultado es una democracia más débil y una ciudadanía más desconfiada.

El caso Calisto no debe leerse como un hecho aislado ni como una simple caída individual. Es una advertencia sobre las zonas grises del poder, sobre la fragilidad de los controles y sobre la necesidad de disputar una política que no use a los territorios como excusa para financiar redes personales.

La justicia tendrá que resolver la responsabilidad penal. Pero la discusión pública no puede quedarse esperando la sentencia. Cuando los recursos del Estado, las ayudas sociales y la representación democrática aparecen bajo sospecha, lo que se juega es algo más grande: la posibilidad de reconstruir una política al servicio de las mayorías y no de quienes convierten el cargo público en una caja propia.