Las 40 horas vuelven al centro del debate: Jara y Vallejo rechazan cambios impulsados por el Gobierno

Las exministras cuestionaron una de las medidas presentadas por la Mesa de Reactivación Laboral, que propone ampliar hasta 52 semanas el periodo utilizado para calcular el promedio de la jornada. Advierten que la iniciativa podría traducirse en semanas de hasta 52 horas y afectar especialmente a quienes estudian o tienen responsabilidades de cuidado.

La discusión sobre el futuro de la jornada laboral volvió a instalarse luego de que Camila Vallejo y Jeannette Jara salieran en defensa de la Ley de 40 Horas ante las propuestas laborales que actualmente estudia el Gobierno de José Antonio Kast.

A través de un video publicado en redes sociales, las exministras cuestionaron una de las recomendaciones entregadas por la Mesa de Reactivación Laboral, instancia que presentó al Ejecutivo un paquete de 22 medidas para enfrentar el deterioro del empleo. La propuesta plantea extender el periodo utilizado para calcular el promedio de la jornada ordinaria, pasando de las actuales cuatro semanas a 15 o incluso 52 semanas.

Este mecanismo no elimina formalmente el límite promedio establecido por la Ley de 40 Horas, pero permitiría distribuir el trabajo de manera desigual durante el año. En la práctica, una persona podría enfrentar semanas mucho más extensas en los periodos de mayor actividad, siempre que estas fueran posteriormente compensadas con jornadas más breves.

La propuesta mantiene como límite absoluto las 52 horas semanales, considerando la suma de horas ordinarias y extraordinarias. Este techo ya se encuentra contemplado para situaciones excepcionales en el artículo 31 del Código del Trabajo, pero ampliar el periodo de cálculo permitiría utilizarlo dentro de una planificación laboral de varios meses.

Vallejo sostuvo que la discusión no puede reducirse a la posibilidad de compensar posteriormente las horas trabajadas, debido al impacto inmediato que tendría una mayor carga laboral sobre la vida cotidiana. Jara, por su parte, advirtió que la medida afectaría especialmente a quienes deben compatibilizar sus empleos con estudios, labores domésticas o responsabilidades familiares y de cuidado.

Ambas exautoridades llamaron a defender la reducción de la jornada establecida mediante la Ley 21.561, aprobada en 2023 e implementada de manera gradual. La normativa modificó el Código del Trabajo con el objetivo de avanzar hacia una jornada ordinaria de 40 horas semanales.

El desempleo como argumento para flexibilizar

El Gobierno analiza estas propuestas en medio de una tasa de desocupación de 9,4%, su nivel más alto en cinco años. Bajo la campaña denominada “Modo Empleo”, el presidente Kast convocó a empresas, municipios y gobiernos regionales a priorizar la generación de puestos de trabajo, mientras el Ejecutivo comprometió la creación de 50 mil empleos en un plazo de cuatro meses.

Sin embargo, el debate vuelve a enfrentar dos maneras distintas de abordar la crisis laboral. Mientras el Gobierno estudia una mayor adaptabilidad de la jornada como una herramienta para facilitar la contratación, desde la oposición advierten que el empleo no puede reactivarse trasladando sus costos a las y los trabajadores.

Por ahora, las recomendaciones de la Mesa de Reactivación Laboral se encuentran en evaluación y no constituyen todavía una modificación legal. No obstante, la posibilidad de ampliar significativamente el periodo de cálculo encendió las alarmas sobre el futuro de una de las principales conquistas laborales de los últimos años.

La discusión de fondo no es solamente cuántas horas se trabajan en promedio, sino quién tiene el poder para decidir cuándo se trabajan y qué consecuencias tiene esa distribución sobre la vida familiar, el descanso y el derecho al tiempo propio.