PPD entrega al Gobierno el corazón de la megarreforma: la invariabilidad tributaria

Aunque el acuerdo reduce los plazos propuestos originalmente e incorpora una sobretasa para las empresas, mantiene el principio más controvertido de la reforma de Kast: permitir que grandes inversionistas congelen por décadas las reglas tributarias que deberán cumplir, limitando el alcance de futuros gobiernos y reformas democráticas.

El Gobierno de José Antonio Kast consiguió un avance decisivo para su megarreforma económica. Tras negociar con la bancada de senadores del PPD, el Ejecutivo logró mantener la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, uno de los pilares centrales de su proyecto y también uno de los puntos más cuestionados por sectores de la oposición.

El PPD presentó el acuerdo como una moderación de la propuesta original. La iniciativa ingresada por el Gobierno permitía que inversiones superiores a US$50 millones congelaran sus condiciones tributarias durante 25 años. El nuevo diseño establece plazos diferenciados según el tamaño de la inversión: diez años para proyectos de hasta US$100 millones y quince años para aquellos de hasta US$350 millones. BioBioChile informó que las inversiones mayores podrían acceder a un máximo de veinte años, mientras que la información publicada por el Senado consigna incluso la posibilidad de mantener los 25 años para proyectos superiores a US$500 millones.

El acuerdo también establece una sobretasa permanente de 1,5% sobre el impuesto corporativo para las empresas que decidan acogerse al mecanismo. Además, deja fuera de la protección al royalty minero, el IVA, los impuestos verdes, los tributos municipales y determinadas obligaciones relacionadas con la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos.

Sin embargo, estas modificaciones no eliminan el problema de fondo. Lo que se está negociando no es únicamente cuánto pagarán las empresas durante los próximos años, sino la capacidad que tendrán los futuros gobiernos y el Congreso para modificar las reglas tributarias del país.

La invariabilidad no impide formalmente que Chile apruebe nuevas reformas. Lo que hace es impedir que determinados cambios puedan aplicarse plenamente a las empresas protegidas por estos contratos. En la práctica, se crea un régimen tributario privilegiado: mientras las pequeñas y medianas empresas, las trabajadoras y los trabajadores deberán adaptarse a las decisiones democráticas adoptadas en el futuro, los grandes capitales podrán conservar las condiciones negociadas con el Estado durante diez, quince, veinte o incluso veinticinco años.

Ese es precisamente el triunfo político del Gobierno. Kast no solo busca reducir gradualmente el impuesto corporativo desde el 27% al 23% y reintegrar el sistema tributario. También pretende asegurar que una futura administración no pueda revertir completamente ese rumbo respecto de las grandes inversiones acogidas al beneficio. El propio Ministerio de Hacienda ha definido la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración y la invariabilidad como componentes conjuntos del eje de “competitividad tributaria” de la megarreforma.

La sobretasa del 1,5% podrá ser presentada como el precio que las empresas deberán pagar por obtener esa seguridad. Pero el problema no es solamente recaudatorio. La pregunta es cuánto vale renunciar anticipadamente a una parte de la soberanía tributaria del Estado y comprometer las decisiones de gobiernos que todavía no han sido elegidos.

Durante los próximos veinte años Chile podría enfrentar nuevas crisis económicas, transformaciones productivas, emergencias climáticas o mayores necesidades de financiamiento para salud, educación, pensiones y protección social. También podrían existir nuevas mayorías ciudadanas que impulsen un sistema tributario más progresivo. La invariabilidad busca que, aun bajo esas circunstancias, una parte de las grandes empresas quede protegida frente a determinados cambios.

El acuerdo adquiere todavía mayor relevancia porque el PPD anunció que, luego de las modificaciones aceptadas por Hacienda, ya no recurrirá al Tribunal Constitucional por este capítulo del proyecto. De esta manera, el partido no solo negoció una reducción de los plazos, sino que terminó otorgando legitimidad política a un mecanismo que originalmente cuestionaba.

El Gobierno necesitaba esa señal. La invariabilidad aprobada únicamente por la derecha habría sido un beneficio empresarial vulnerable a futuras modificaciones. Respaldada mediante un acuerdo con sectores de la antigua centroizquierda, pretende transformarse en una política de Estado mucho más difícil de revertir.

Por eso, la discusión no puede reducirse a si el plazo bajó de veinticinco a veinte o diez años. Diez años siguen representando más de dos periodos presidenciales. Veinte años equivalen a cinco gobiernos completos. La negociación modificó la extensión del candado, pero aceptó instalarlo.

Mientras el Ejecutivo habla de entregar certezas a los inversionistas, la incertidumbre será trasladada al resto del país. Las empresas recibirán garantías sobre cuánto pagarán durante décadas; la ciudadanía, en cambio, no tendrá ninguna garantía de que el Estado contará con los recursos necesarios para financiar derechos sociales, responder a futuras crisis o corregir un sistema tributario profundamente desigual.

El PPD podrá afirmar que mejoró la propuesta. Pero al aceptar la invariabilidad, terminó negociando los bordes sin cuestionar el corazón de la megarreforma: blindar el programa económico de Kast frente a las decisiones que Chile pueda tomar democráticamente en el futuro.