Más desempleo, menos apoyo: Gobierno recorta $123 mil millones al Sence

Mientras la desocupación alcanzó un 9,4% y la informalidad continúa creciendo, el Gobierno redujo en más de $123 mil millones el presupuesto del Sence. Los principales recortes afectan programas de capacitación, reconversión laboral y subsidios dirigidos a jóvenes y mujeres.

Chile enfrenta uno de sus escenarios laborales más complejos de los últimos años. Durante el trimestre marzo-mayo de 2026, la tasa de desempleo llegó a un 9,4%, aumentando 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior. El número de personas desocupadas creció un 6,9%, mientras quienes buscan trabajo por primera vez aumentaron un 16,4%.

Sin embargo, mientras miles de familias enfrentan la incertidumbre de no encontrar trabajo, el Gobierno de José Antonio Kast decidió reducir los recursos de uno de los principales organismos públicos destinados a enfrentar precisamente esta situación.

El Decreto N.º 330 del Ministerio de Hacienda, firmado el 24 de abril por el ministro Jorge Quiroz y tomado de razón por la Contraloría el 14 de mayo, redujo en $123.914 millones el aporte fiscal destinado al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.

No se trata solamente de una disminución administrativa. El decreto permite conocer cuáles son las políticas afectadas por la decisión del Ejecutivo.

Más de $23 mil millones fueron retirados del programa general del Sence. Entre las partidas perjudicadas se encuentran el Programa de Capacitación en Oficios, que perdió más de $15 mil millones; el Programa de Intermediación Laboral, con una disminución superior a $2.139 millones; y el Programa de Reconversión Laboral, que sufrió un recorte de más de $2.207 millones. También se redujeron recursos para becas y capacitaciones dirigidas a micro y pequeños empresarios.

Otros $100 mil millones fueron retirados del programa de empleo del organismo. De ese monto, más de $40 mil millones correspondían al Subsidio al Empleo Joven y cerca de $58.643 millones al Bono al Trabajo de la Mujer. También fueron recortados más de $1.237 millones del Programa de Formación en el Puesto de Trabajo.

La decisión resulta especialmente grave al observar quiénes están pagando con mayor fuerza la crisis laboral. La tasa de desempleo femenino llegó al 10,5%, por encima del promedio nacional, mientras la informalidad alcanzó un 27% de las personas ocupadas. Entre las mujeres, el trabajo informal subió hasta un 28,8%.

Es decir, cuando las trabajadoras enfrentan mayores dificultades para ingresar y permanecer en el mercado laboral, el Gobierno reduce precisamente los fondos destinados a incentivar su contratación y complementar sus ingresos.

El Ejecutivo ha intentado instalar la idea de que la recuperación del empleo dependerá exclusivamente del crecimiento económico y de entregar mayores facilidades al sector privado. Pero las empresas no crean automáticamente los puestos de trabajo que el país necesita, mucho menos empleos estables, formales y con derechos.

La capacitación, la intermediación laboral y los subsidios de contratación son herramientas mediante las cuales el Estado puede intervenir para reducir las desigualdades del mercado laboral. Debilitarlas no constituye una política de empleo: significa abandonar a las personas desempleadas a su propia suerte.

Además del Sence, el Decreto N.º 330 redujo recursos de la Dirección del Trabajo, el Instituto de Previsión Social, la Superintendencia de Seguridad Social, ChileValora y otras instituciones dependientes del Ministerio del Trabajo. En total, el ajuste aplicado al sector superó los $141 mil millones.

La política de austeridad de Kast no es neutral. Cada peso retirado de los programas de capacitación, fiscalización y protección laboral representa menos posibilidades para una persona joven que busca su primer empleo, una mujer que intenta sostener económicamente a su familia o un trabajador que necesita reconvertirse después de perder su fuente laboral.

En medio de una crisis de empleo, el Gobierno decidió recortar las herramientas públicas disponibles para enfrentarla. Una contradicción que demuestra que, para la derecha, el equilibrio fiscal vuelve a estar por encima de la seguridad económica de las familias trabajadoras.